Eladio Aponte Aponte, venezolano de 63 años de edad, militar, abogado y licenciado, que hace un mes era uno de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un cargo reservado para los mejores jueces del país, podría desatar un desastre institucional de gran impacto.
Aponte fue magistrado propuesto y escogido por la mayoría simple en la Asamblea Nacional en diciembre de 2004 y se le consideró desde entonces "cercano o aliado de la revolución".
Recientemente, al verse involucrado en un gran escándalo de narcotráfico (el caso Makled), fue unánimemente destituido por la Asamblea Nacional el pasado 21 de marzo y abandonó el país. Aparentemente, huyó pasando por República Dominicana, Panamá y Costa Rica, donde se dice que negoció con la DEA su ingreso a Estados Unidos, para convertirse en testigo protegido de una investigación de narcotráfico (no confirmada).
En Costa Rica grabó una entrevista con un canal de Miami que hace 2 días fue difundida en horario estelar en Venezuela e incluso analizada por 2 horas en CNN en Español. En resumen, con más o menos detalles (incluso nombrando a varios importantes personajes), concluye lo siguiente:
- La justicia en Venezuela no es independiente. El gobierno, incluso desde la Presidencia, decide con criterios políticos cómo y a quién se procesa legalmente
- La mayoría de los jueces que no son leales al gobierno y a la revolución, son destituidos o forzados a renunciar
- En la justicia venezolana convive una mafia que hace negocios con las sentencias
- El narcotráfico ha penetrado tanto la Fuerza Armada como el sistema judicial del país
En medio de la polarización que vive Venezuela desde hace ya muchos años y a menos de 6 meses para las próximas elecciones presidenciales, la mayor parte de las reacciones oficiales a estas declaraciones han sido políticas.
Suponiendo que las elecciones no estuvieran tan cerca y que existiera una convivencia entre el gobierno y la oposición que tuviese los intereses nacionales por encima de cualquier otro objetivo, un evento de esta categoría, exigiría encender todas las alarmas para proteger nuestra democracia.
- De ser Aponte el juez que el mismo reconoce ser, ¿cómo es posible que el sistema de control del TSJ no lo haya detectado antes?
- ¿Qué tienen que decirle al país los responsables de tal sistema de control, los otros magistrados o la Presidenta del TSJ?
- Si tan solo una pequeña parte de lo que afirma el Dr. Aponte es cierto, ¿cómo garantizar que la necesaria investigación se realice, sea exhaustiva y sea imparcial?
- ¿Quién y cómo dirige una investigación sobre la penetración de narcotráfico en la Fuerza Armada y en el Sistema Judicial de Venezuela?
- ¿Cómo se sostiene una democracia si en realidad los jueces toman decisiones políticas y no legales?
- ¿Cómo se protege el estado venezolano ante los ataques o penetraciones de la delincuencia y el narcotráfico si ya están adentro de nuestros sistemas?
Seguiremos en sintonía y muy preocupados.
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